Solo han pasado dos días desde que denunciamos el veto a diversas webs de activismo social, impuesto por el Ayuntamiento de Madrid a los usuarios de las bibliotecas municipales, y ya ha sido retirado. Mi ética me impide no recoger también esta rectificación aquí y ahora.
Eso si, las aclaraciones que aparecen en un comunicado del Ayuntamiento de Madrid; a parte de admitir algo que por otro lado no había forma de negar, echan balones fuera e intentan descargar sus responsabilidades en un "fabricante" de un "filtro de contenidos". Un software que, por lo que se ve, compran a Telefónica y sobre el que los administradores de redes del Ayuntamiento de Madrid no tienen control ¿¡!?; aunque si pueden "establecer excepciones".
Es decir, que Juan Bravo, concejal de Hacienda y Administración, paga (del erario...) a la empresa privada Telefónica por un programa de software
(y/o hardware) que esta corporación compra a una tercera empresa. Y hasta ahí todo podría ser correcto (si dejamos a un lado las relaciones demasiado amistosas de su partido con esta empresa en particular...); pero es que este software no es un programa cualquiera, se trata del software que, además de de guardar un caché de las webs más visitadas (una especie de directorio que guarda las webs que va actualizando cada cierto tiempo, lo cual acelera el acceso a esos sitios) contiene código de filtrado "Blue Coat Proxy SG810". Este programa "bloquea sitios web por contenidos" y, por lo que dice el concejal, el Ayuntamiento de Madrid no estaba informado de todos los contenidos que ese filtro bloqueaba. Y esto ya no es admisible, porque una institución pública ha de estar al tanto de las restricciones a las que somete a sus ciudadanos; entre otras cosas porque algunas, como en este caso, pueden ser ilegales.
El filtro en cuestión se contrató para bloquear algunos contenidos y que desde las computadoras de las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid no se pueda acceder a: webs de sexo, violencia, armas , blogs, etc.. Y aquí encontramos más generalidades difíciles de admitir. Está bien que se bloqueen los contenidos pornográficos (que no es lo mismo que el genérico sexo), violentos, xenófobos (estaría bien añadir los contenidos homófobos...), e incluso se puede admitir que en las bibliotecas públicas se bloqueen las webs de "armas" ya que es difícil discriminar las que son simples catálogos de armas, información sobre armas (entonces habría que bloquear la propia Wikipedia...). En cuanto a los blogs, se puede admitir que se bloqueen los que ofrezcan contenidos como los mencionados anteriormente, pero ninguno más, porque existe el Derecho a la Libre Expresión y la mayoría de los blogs son precisamente eso, expresión libre de pensamientos y opiniones.
También se bloquean sitios que ofrecen streaming como Youtube, intercambio de archivos en redes P2P (peer to peer) o mensajería como Skype. Y esto puede ser admisible incluso desde el punto de vista técnico. Si media docena de usuarios se dedican a ver vídeos en Youtube pueden ocupar una buena parte del ancho de banda disponible y ralentizar la carga de otros contenidos a otros usuarios. Por otro lado para usar servicios como Skype, una biblioteca pública no es el lugar más adecuado; no es un Cyber Café. Y en cuanto a las redes p2p, el propio nombre "sugiere" que se trata de compartir archivos personales y quizá lo mejor sea hacerlo desde una conexión privada.
El problema ha surgido, aparte de por la falta de control del Ayuntamiento de Madrid sobre los productos que compra y/o los servicios por los que paga; porque este programa, además, filtraba otro tipo de contenidos que probablemente en el país donde escribieron el código, sea normal restringir, pero en España no. Así, según el comunicado del Ayuntamiento de Madrid, el Blue Coat Proxy SG810 también bloqueaba: "Sitios patrocinados por o que proporcionan información sobre partidos políticos, grupos de interés especiales, o cualquier organización que promueve el cambio o la reforma en la política pública, la opinión pública, la práctica social, o actividades económicas". En España no está prohibido que los partidos políticos tengan webs de promoción, ni que otras webs proporcionen información sobre partidos políticos y otros grupos de interés "especial" (la Iglesia Católica, quizá) ¿¡!? En España es lícito que cualquier organización (que debe estar legalmente registrada...) promueva cambios y reformas de la política pública, la práctica social y las actividades económicas.
Blue Coat Proxy SG810, "Apoderado Capa Azul" contiene un código de filtrado que parece estar hecho para ser usado en países como China, Irán, Arabia Saudí, Libia, Corea del Norte, Cuba o incluso EEUU. Pero algunos de los filtros y bloqueos que incluye en su "lista negra", en España "aún" no pueden ser aplicados sin lesionar derechos fundamentales de los ciudadanos, recogidos en la Constitución Española de 1978.
Por otro lado, haría bien el Ayuntamiento de Madrid en no pagar a Telefónica por hardware y/o software americano (entre 5000€ y 7000€) cuando ese mismo filtrado se puede hacer un servidor proxy caché Squid y unas pocas docenas de reglas de IPtables; que es software libre y abierto sobre el que los administradores de redes del consistorio si tendrían el control y además podrían acelerar bastante el acceso a Internet desde las bibliotecas municipales.
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